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Legisladores de ambos partidos están buscando una solución permanente a la crisis financiera en Puerto Rico, al mismo tiempo que se aproxima una nueva pelea sobre el financiamiento del sistema de salud en la isla.
Sin embargo, cómo lograr esa solución sigue creando divisiones partidistas — mismas que podrían envenenar los próximos debates sobre el presupuesto federal y ponen en duda la viabilidad económica del territorio americano.
{mosads}La viabilidad financiera de Medicaid en Puerto Rico fue un enorme punto de contención en abril, cuando se litigó el presupuesto de 2017, cuando los demócratas insistieron en una nueva asignación de fondos ante la oposición republicana. El Presidente Trump criticó la solicitud de fondos, llamándola un “rescate.”
Los demócratas ganaron esa pelea, logrando transferir $295 millones al programa, pero ese monto quedó lejos de los $900 millones que la administración Trump calcula que son necesarios para financiar el programa en la isla durante los próximos 13 meses. Y en la nueva pelea presupuestal que apenas inicia, los demócratas ya prometieron que el tema nuevamente será su prioridad.
“No es suficiente. No puedes pedir $900 y conseguir [$295]. Ya estás en el hoyo,” dijo el Congresista Luis Gutiérrez (D-Ill.), quien rechazó la idea de que es posible reestructurar la deuda puertorriqueña y estabilizar la isla sin nuevos fondos federales.
“Por favor enséñame una crisis donde la gente no tiene dinero para la salud, para la policía, para infraestructura, para comida, y que la solución es darse algo que no cuesta ni un centavo.
“Es una crisis económica.”
Un funcionario demócrata de la Cámara de Representantes dijo que el tema seguramente volverá a relucir este año, ya que “obviamente, los fondos del ómnibus no responden a todas las necesidades” del programa de Medicaid. No ha quedado claro cuál será la solución legislativa para solicitar los fondos, pero seguramente causará un choque.
“Estaremos empujando por fondos adicionales,” dijo el funcionario.
Los líderes republicanos tienen otras ideas al respecto.
Tienen esperanza que la junta de control fiscal, encargada por el congreso para reestructurar la deuda desde el año pasado, presentará una solución viable sin que el Congreso tenga que intervenir.
El Congresista Rob Bishop (R-Utah), presidente del Comité de Recursos Naturales, el cual tiene jurisdicción sobre las finanzas puertorriqueñas, dijo que la junta “tiene toda la autoridad que necesita.”
“Son un poco lentos en ciertas áreas, lo cual es frustrante, pero no han abandonado su rol o propósito todavía, y siguen adelante,” dijo Bishop, quien está planeando una audiencia de supervisión previa al receso de agosto.
“No veo nada que se tenga que hacer legislativamente, y no creo que se tenga que hacer a través de apropiaciones [presupuestales] por ahora.”
El sistema de salud de Puerto Rico depende en gran medida en su programa de Medicaid, el cual hasta este año estuvo financiado por una inyección de $6,500 millones otorgada por el Affordable Care Act en 2011.
Dicha asignación, que se terminó como estaba previsto a principios de este año, fue extendida a través de los $295 millones en el presupuesto ómnibus de mayo.
El Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan (R-Wis.) le dio crédito por ese acuerdo a la Comisionada Residente Jenniffer González Colón (R-Puerto Rico), quien presentó las necesidades de financiamiento del sistema de salud a los líderes de la cámara.
“Sin su enfoque único para resolver problemas difíciles, no hubiéramos podido lograr el alivio que sus electores requieren,” Ryan escribió en una carta a González.
Los funcionarios puertorriqueños tienen esperanzas que esa relación siga dando frutos en los próximos debates presupuestales.
“Jenniffer González Colón ha establecido una muy buena relación con el líder de la Cámara,” dijo José Fuentes Agostini, un ex-secretario de justicia republicano de Puerto Rico.
“No hay nadie con mas acceso y con mas posibilidad de lograr eso que [González],” agregó.
Mientras, el Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló (D) se encontró con el secretario de salud federal, Tom Price, para discutir el problema de Medicaid.
En una carta, Price alabó los esfuerzos de Rosselló, y extendió una fecha límite crucial para que el gobierno de la isla presentara su proyecto de Medicaid.
Días después, el Congreso aprobó el presupuesto ómnibus para el año fiscal 2017, incluyendo los $295 millones para Medicaid, suficiente para mantener vigente al programa hasta marzo de 2018.
Sin embargo, ese puente no resolvió los problemas estructurales que llevaron a la crisis, dijo Jeffrey Farrow, un ex-funcionario de la Casa Blanca y experto en política territorial.
“Hay un gran enfoque en presupuestos puente,” dijo Farrow. “Un puente va de un lugar a otro. ¿Cuál es el otro lugar?”
Los territorios están exentos del mandato individual y de los subsidios bajo el Affordable Care Act. Aún así, los índices de aseguramiento médico de Puerto Rico han sido más altos que en la mayoría de los estados, en gran parte gracias al amplio programa de Medicaid.
Mientras que ya se esperaba que se acabara el dinero asignado a Medicaid en 2017, las finanzas ajenas a la salud en la isla colapsaron a lo largo de la última década, dejando al gobierno pocas opciones financieras.
En 2014, la deuda de la isla fue calificada como “deuda chatarra” y en 2015 el Gobernador Alejando García Padilla (D) dijo que no se podrían pagar los $72,000 millones en bonos.
El colapso de la economía de Puerto Rico se debió a múltiples causas, que incluyen el fin de una exención de impuestos para compañías americanas que operasen en los territorios. Esta exención se redujo a partir de 1996 hasta su fin en 2006.
La industria farmacéutica, que había operado por décadas en Puerto Rico, redujo muchas de sus operaciones como resultado. Muchos puertorriqueños — ciudadanos americanos por nacimiento — buscaron mejores oportunidades en los 50 estados, cambiando la demografía de la isla drásticamente.
“Una cosa que realmente ha definido a Puerto Rico es la tendencia y la habilidad de la gente que vive en Puerto Rico de venir al continente,” dijo Ted Hampton, el encargado de la oficina de crédito para Puerto Rico en la agencia calificadora Moody’s.
“Dicha habilidad y la falta de oportunidad en Puerto Rico crearon un círculo vicioso que se alimentó en sí mismo y que continúa,” agregó.
En los últimos 10 años, Puerto Rico ha perdido cerca del 10 por ciento de su población, disminuyendo la base fiscal de la isla de manera considerable.
En 2016, el Congreso aprobó la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), creando la Junta de Control Fiscal, el órgano no-electo a cargo de las finanzas públicas de la isla.
El plan recibió apoyo tibio de ambos partidos. El Congreso decidió aprobar una solución que no hizo feliz a nadie, a cambio de evitar un colapso financiero de la isla que pudiera afectar a los estados.
El costo de Medicaid en Puerto Rico, mucho menor que en los estados, fue uno de los puntos que ayudó al pasaje de PROMESA.
Al día de hoy, hay alrededor de 470,000 personas registradas en Medicaid en Puerto Rico. Si el programa terminase, la reducción en servicios podría llevar a muchos beneficiarios a los estados, donde tendrían derecho a solicitar Medicaid.
“La ironía en eso es que el costo al gobierno será más alto,” dijo Farrow.
“Cerca de una tercera parte de la gente que se mudó a Florida son recipientes de Medicaid. El costo al gobierno federal y a Florida es tres veces más alto de lo que sería en Puerto Rico,” agregó.
Los Demócratas dicen que la continuidad del programa es una de sus prioridades. El potencial movimiento de personas desde Puerto Rico a los estados, incrementando los costos en los mismos, les ha dado armas para negociar con los Republicanos.
“El liderazgo [demócrata] lo tiene como parte de su agenda, y han sido muy energéticos en asegurarse que esto se resuelva con el presupuesto,” dijo el Congresista José Serrano (D-N.Y.), un miembro del Comité de Apropiaciones nacido en Puerto Rico.
“Yo lo he discutido personalmente con algunos republicanos que sienten que es un tema [importante], pero no se han comprometido,” dijo Serrano.
Pero ambos partidos están incómodos con la idea de volver a litigar el tema una y otra vez.
En mayo, el territorio activó el Título III de PROMESA, un procedimiento similar a la bancarrota que le dio control absoluto de las finanzas puertorriqueñas a la Junta de Control y puso los pagos de la deuda bajo la jurisdicción de una juez federal.
“Yo compartí la perspectiva de muchos otros, que a menos que Puerto Rico resolviera sus malos manejos fiscales, la bancarrota por sí misma no podría resolver el problema,” dijo el Senador Chuck Grassley (R-Iowa) en un discurso en el pleno del Senado después del anuncio de la activación.
“Por lo contrario, simplemente llevaría el problema hacia el futuro y dañaría a miles de retirados en Iowa y en otras partes, quienes pagarían los costos del comportamiento irresponsable de Puerto Rico.”
Pero existe una falta de propuestas en Washington sobre la naturaleza de una solución a largo plazo.
Los funcionarios del gobierno de Puerto Rico insisten que la única solución permanente sería la estadidad, una idea que pocos toman seriamente en Washington.
“No es un level playing field, tenemos handicap en la economía,” dijo el Secretario de Estado de Puerto Rico Luis Gerardo Rivera Marín.
“Aquí en Washington … cuál es mi poder de negociación si no tengo un congresista?”
Tanto González como Rosselló enfocaron sus campañas en el tema, y los puertorriqueños votarán sobre su estatus en un plebiscito el 11 de junio. Aunque el voto no obligará al Congreso, si la estadidad gana como se espera, detonará un proceso por el cual Puerto Ricó intentará colocar a una delegación en el Congreso.
“Si Puerto Rico quiere echar adelante, tiene que resolver de una vez por todas la situación territorial,” dijo Rivera Marín.